No es fácil acercarse a la historia de los municipios majoreros que comenzaron a funcionar cuando languidecía el antiguo cabildo o ayuntamiento insular. El actual Cabildo de Fuerteventura, aunque por su nomenclatura se parezca al antiguo, no se creó hasta 1912, empezando a funcionar al año siguiente; los ayuntamientos le ganan en venerable antigüedad.
A la historia del fenecido concejo o cabildo antiguo que desapareció en Betancuria en junio de 1834, le dedicaron su trabajo algunos especialistas del Derecho y la historia de Canarias (Roldán Verdejo, Cerdeña, De la Rosa Olivera...) y a ellos remitimos a quienes deseen ahondar en el pasado administrativo de nuestra isla durante la etapa moderna, pues poco sabemos de cómo funcionaba la administración normanda de los primeros tiempos de la conquista.
Por nuestra parte nos centraremos en los municipios que empezaron a funcionar a raíz de la legislación liberal de 1812, haciendo incursiones en los antecedentes basados en la jurisdicción eclesiástica y su evolución desde la división de 1533 hasta las reformas ilustradas que veremos.
La Iglesia siempre estuvo presente en el devenir de la administración insular. Dividió la isla en Beneficios Curados y emplearon ámbitos jurisdiccionales a los que se referían como del Sur o Banda de Ayose, y del Norte o Banda de Guise. Reconocían dehesas señoriales en Jandía y Mascona-Guriamen y, tácitamente, daban por sentada la existencia de una zona de pastos comunales que rodeaba toda la isla en una franja de unos cuatro a cinco kilómetros de espesor, desde la orilla del mar hacia el interior. En ambas dehesas se cobraban los diezmos y primicias y en el procomún soltaba sus propios ganados con las marcas de las distintas cofradías, ermitas e iglesias. Toto aparentemente controlado.
Pero las jurisdicciones eclesiásticas vienen a cuento porque sobre ellas, más o menos, se extendieron las demarcaciones territoriales de los municipios civiles cuando, a principios del siglo XIX arrancaban los ayuntamientos contemporáneos que propugnó la Revolución Liberal.
A finales del siglo XVIII, los obispos ilustrados ya habían afrontado una profunda revisión de las jurisdicciones parroquiales de Fuerteventura. La isla es alargada y extensa y el incremento de población y las nuevas roturaciones y ampliaciones de vega, aconsejaban racionalizar no tanto la asistencia pastoral como el reparto del beneficio eclesiástico, diversificándolo entre los miembros de las familias acomodadas que también ocupaban puestos privilegiados de aquella institución. Las cillas o almacenes de granos del diezmo proliferaron a la par que aquella evolución económica, demográfica y social.
Siempre les preocupó el abandono pastoral en determinados puntos de nuestra geografía, como Jandía, o las distintas aldeas de población morisca que vivía en los confines de la franja de terreno comunal que antes mencionamos. Fue uno de los aspectos que contemplarían a la hora de redistribuir las parroquias, solo uno de ellos.
Martínez de la Plaza y Tavira Almazán fueron aquellos prelados que hicieron bailar los confines de las distintas parroquias y beneficios curados, escuchando, por supuesto, a las aristocracias locales de cada cabecera o pila. Tenía que haber un equilibrio y para ello hicieron censos de población y de riqueza que se barajaron en la delimitación de fronteras. No es casualidad que precisamente en esa centuria surgieran la mayor parte de las ermitas que fueron promovidas por el vecindario de cada lugar, buscando, además de respaldar sus respectivas devociones, afianzar las esferas sociales de cada pueblo.
En lo civil, desde 1766, los llamados ayuntamientos del monarca Carlos III, empezaron a desarrollar en base a las imperfectas y mutables jurisdicciones parroquiales. La parroquia fue la unidad básica en que se manejaron las estadísticas y recuentos poblacionales de aquel tiempo; los catastros de los ministros ilustrados se basaron en esos ámbitos territoriales para cuantificar y presupuestar.
Tras las reformas de 1787 y 1792, se contaba en las isla con las parroquias de Betancuria, Pájara, La Oliva, Tetir, La Antigua, Casillas del Ángel y Tuineje y, justo cuando se decretó la pérdida de la capitalidad de la Villa y la desaparición del antiguo cabildo, se creaba por orden gubernativa el municipio de Puerto de Cabras.
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| Evolución de jurisdicciones parroquiales de Fuerteventura según Bethencourt Massieu (copia digital del Cuaderno de Puerto de Cabras) |
Las jurisdicciones de las siete primeras parroquias citadas dieron lugar a otras tantas demarcaciones municipales con cabecera en los pueblos antes mencionados pero sus deslindes provocaron desencuentros entre ellos a cuenta del reparto del mancomún que correspondería a cada uno. Me explico.
Las parroquias contemplaban poco más que la cura de almas y el recuento de pechadores de diezmos y primicias; todo lo más enumeraban aldeas y casas de labranza y ganados dependientes de cada pila o sede; no se detenían en la precisión de los amojonamientos y deslindes. Esa fue la imprecisión que daría lugar a los litigios de los municipios contemporáneos. Ninguno estuvo libre de desacuerdos y pleitos que se resolvieron en la vía contencioso administrativa, salvo en el caso de Puerto de Cabras, donde el mal reparto de los términos del mancomún de las jurisdicciones aledañas, llegó a la vía judicial y hasta las altas esferas del Estado en el tránsito del siglo XIX al XX (Cerdeña Armas: 1988).
Los deslindes del servicio cartográfico estatal se llevaron al papel en la última década del siglo diecinueve, justo en los momentos en que Puerto de Cabras se batía el cobre con Tetir; más adelante volveremos sobre el tema. Pero hasta entonces hubo episodios que conviene traer a esta pequeña crónica. Unos hechos que provocaron enfrentamientos municipales y repartos ilegales de la zona comunal que correspondía o pensaban que debía corresponder a cada jurisdicción.
Pájara y Tuineje batallaron en la década de 1850 por la linde en la zona de Los Adejes y, especialmente en la Península de Jandía; se hicieron apeos y recorridos perimetrales que llevaron al reparto longitudinal de aquella península, la parte de barlovento para Pájara y la de Sotavento para Tuineje. Pero aquello duró poco y mediada dicha década los municipios se conformaron con la renuncia del "pueblo de los moriscos".
Tuineje y Antigua lucharon por deslindar la zona comunal en los Cuchillos de Vigán, quedando latente una lucha que aún recuerdan muchos con la "historia de los mojones que se movían en la noche".
Dentro del mismo municipio sureño se creó una comisión al margen del municipio con el fin de repartir el mancomún, desde Las Hermosas hasta los Cuchillos de Vigán, entre los vecinos. Los hermanos Velázquez Cabrera promovieron aquel episodio desde Tiscamanita: casi quinientos lotes de tierras y valles llegaron a los tribunales en un pleito que perduró hasta los primeros años del siglo XX con medio millar de afectados y cuyos hechos pueden rastrearse en la prensa histórica.
Betancuria intentaría sus repartos en la década de 1870, sin llevarse a cabo, que sepamos. Solo hemos visto ciertas cuestiones derivadas de la subasta de los bienes de la ermita de Santa Inés en el entorno de las capellanías de El Cigarrón y Campo Viejo, linderas con el municipio de Casillas del Ángel y su término de Las Salinas-Jarugo. Pero estos hechos no afectaron a la demarcación territorial de estos ayuntamientos.
Antigua, además de con Tuineje, tuvo encuentros con Casillas del Ángel en Lomo Vicente, Rosa de Abajo y Cuchillo de Juan de Palomares, que quedaron resueltos sin mayores complicaciones que las protagonizadas por los propietarios de la Lagunas de Tesjuates o del entorno del Barranco del Diamante.
Pero como antes dijimos, las actas de deslindes de los municipios majoreros de finales del XIX dirimieron y zanjaron los confines entre Oliva y Tetir, entre Oliva y Puerto de Cabras, entre Casillas del Ángel y La Oliva (en Jarugo), permaneciendo incólumes en su mayoría hasta nuestros días.
Delimitadas las demarcaciones territoriales de los municipios que llevarían el nombre de las parroquias nos acercaremos a la evolución de los ocho municipios que ya funcionaban desde 1834 hasta los reajustes que se llevaron a cabo durante la Dictadura de Primo de Rivera en la década de 1920.
Aunque de estos reajustes jurisdiccionales ya nos habíamos ocupado en las XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote en septiembre de 2007 (Cerdeña Armas), ahora quiero compartir dicho trabajo que se publicó en las actas de aquel congreso celebrado en Caleta de Fuste, Antigua. Y lo hacemos porque aunque se nos pidió autorización para publicar la separata de nuestro trabajo en Memoria Digital de Canarias, o al menos eso pensábamos los ponentes, esto no se llevó a cabo, por lo que quienes intenten acceder a las actas de aquellas jornadas a través de la web del patrimonio cultural del Cabildo de Fuerteventura, tendrán que descargarse el tocho completo, sin posibilidad de ir a los artículos de su interés (tal circunstancia la comprobé con fecha 19 de agosto de 2026). Y también lo hacemos porque desde la concejalía de cultura de Puerto del Rosario, habiéndome pedido autorización para su reedición con motivo del centenario de la extinción del municipio de Casillas del Ángel, pues tampoco consideró oportuno ultimar su propósito. Pero sigamos adelante, con la modestia y el desprendemiento que siempre hemos demostrado en la difusión de la historia de Puerto de Cabras/Puerto del Rosario.
Las esquivas fuentes documentales
Pocos trabajos he visto que aborden la cuestión municipal de Fuerteventura en profundidad, muy pocos. Y sobre el tema concreto que nos ocupa, la extinción de los municipios de Tetir y de Casillas del Ángel, apenas alguna cita para indicar que los mismos se agregaron a Puerto de Cabras en los años 1925 y 1926, respectivamente, cuando aciertan en las fechas.
Las fuentes que considero primarias son básicamente las propias actas capitulares de ambas instituciones, si dejamos a un lado los boletines oficiales que fueron canalizando las disposiciones que afectaban a nuestros ayuntamientos desde su orígenes (conscientes de que la adaptación de la norma a los casos concretos siempre difiere por las propias características históricas de cada isla).
Abordar la historia institucional de los municipios majoreros que se fusionaron durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) resulta complicado por la ausencia de unas fuentes básicas como muchas de las actas capitulares de los plenos del ayuntamiento de Casillas del Ángel y del de Tetir (de este último sé que hay transcripciones parciales de Carlos Vera).
Del Ayuntamiento de Casillas del Ángel faltan todas las actas anteriores al proceso que nos ocupa, pues solo se conservan en su archivo correspondiente (El Archivo Municipal de Puerto del Rosario) las de 1897 a 1926 que nosotros hemos transcrito a lo largo de nuestra trayectoria con las fuentes documentales.
Del Ayuntamiento de Tetir, buena parte de sus actas se conservan en el Archivo Municipal de Puerto del Rosario y otra no menos importante se fueron en depósito al Archivo General Insular por razones que no acabo de entender. Sin embargo desconozco la ubicación, por ejemplo, del libro que recogía el acuerdo de fusión, de cuya acta solo tenemos referencia indirecta en la certificación que el ayuntamiento de La Vega remitió al de Puerto de Cabras en demanda de la aceptación de la fusión a la ya capital insular (Puerto de Cabras ya era cabeza de partido judicial en 1913 por constituir la isla una jurisdicción electoral para votación del cabildo que entonces empezaba a funcionar).
Aquel trabajo nuestro se basó pues, fundamentalmente, en las referencias indirectas que del proceso de fusión de municipios, quedó en los libros de actas y correspondencia de Puerto de Cabras; aludiríamos a las de los otros ayuntamientos cuando así se hubiese podido constatar en cada caso.
Los antecedentes
Desde que la isla de Fuerteventura fue incorporada a la Corona de Castilla, su administración quedó en manos de un ayuntamiento o cabildo de ámbito insular (cuya corporación se auto llamaba Justicia y Regimiento) que funcionó en la Villa de Santa María de Betancuria desde 1405 hasta 1834, integrado por el Alcalde Mayor, Los Regidores, y el escribano que hacía las veces de secretario o fiel de fechos. La elección de las dos primeras categorías estuvo siempre mediatizada por el carácter señorial que mantuvo la isla prácticamente hasta mediado el siglo XIX.
Las reformas de la Administración Local acometidas por los políticos ilustrados durante el reinado de Carlos III mantuvieron la figura del Alcalde Mayor y Juez Ordinario como presidente de aquel antiguo cabildo, creándose dos pedanías que se correspondieron con las parroquias sufragáneas de Pájara y La Oliva (primera rotura del centralismo de Betancuria entre 1708-1711), e introduciendo la figura del Procurador Síndico con la teórica finalidad de fiscalizar cuentas y presupuestos. (Suárez Grimón).
En Fuerteventura todas las parroquias precedieron al municipio, salvo Betancuria que, siendo sede del antiguo cabildo o ayuntamiento insular, asistió al desmembramiento de su jurisdicción que quedó definitivamente establecida entre 1820 y 1834, al ceder la capitalidad a favor de La Antigua (Cerdeña Armas). Su término se vio reducido a los pueblos de la Vega de Río Palmas, La Villa y el Valle de Santa Inés.
A las parroquias sufragáneas creadas por el obispo Juan Ruiz Simón entre 1708 y 1711 en Pájara y La Oliva, sucedieron las creadas por los obispos Martínez de La Plaza y Antonio Tavira, que culminaron en los planes de redistribución jurisdiccional de finales del siglo XVIII. En 1777 se creó la parroquia de Tetir, en 1785 la de La Antigua (Bethencourt Massieu).
En 1787 el obispo Martínez de La Plaza trazó un plan provisional en el que, además de perfilar el territorio de las citadas, creaba otras jurisdicciones: El Beneficio de la Villa de Betancuria (decía aquel prelado) estaría integrado por la Villa y la Vega de Río de Palmas; el de Antigua por su término y los de Agua de Bueyes, Casillas de Morales, Valles de Ortega, Goma, Roza Zapata, Las Pocetas, Maninubre y Valle de Santa Inés; el de las Casillas del Ángel por su término y los de Triquivijate, Ampuyenta, Espinar de Arriba, Espinar de Abajo, Risco Blanco, Los Llanos, Las Majadillas, Tao, Tefía y Tesjuates; el de Tuineje por su término y los de Tiscamanita, La Florida, Tesejerague y Cardón (que se desgajaban de Pájara); el de Pájara por su término y los de Ajui, Bárjeda, Toto y Mésquer; el curato de Tetir por su término y los de El Time y Guisguey; el curato de La Oliva por su término y los de La Matilla, Tindaya, Vallebrón, La Caldereta, Villaverde, Lajares, Tostón y Manta.
Cinco años más tarde, el obispo Antonio Tavira y Almazán perfeccionó el plan beneficial de su predecesor para configurar el panorama asistencial y tributario con que los pueblos de Fuerteventura entraron en el siglo XIX: Desgajó de La Antigua el pago de Valle de Santa Inés que se agregó a Betancuria; Triquivijate se anexó a La Antigua en perjuicio de Casillas del Ángel; Tesejerague lo devolvió a Pájara (germen de la posterior cuestión de límites entre los ayuntamientos constitucionales de Tuineje y Pájara en una franja que llegaría hasta El Cardón, del que ya hablamos y hablaremos); finalmente La Matilla se agregó a Tetir en perjuicio de La Oliva.
Y llegamos a los primeros años del siglo XIX, en que Francisco Escolar y Serrano elabora su Estadística de Fuerteventura 1793-1806 basándose en los datos de cada una de aquellas jurisdicciones parroquiales (Hernández Rodríguez), razón por la que aún no reflejaba datos para Puerto de Cabras, que solo era un pago y puerto en el término de su nombre, dependiente de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de Tetir.
Salvo Betancuria, donde reside el Alcalde Mayor y Juez, en ninguno de los otros pueblos mencionados había organización municipal alguna; todo lo más un alcalde pedáneo en los curatos de Pájara, La Oliva o Tetir.
Sin embargo sí se mantuvo la figura del personero, uno general de la isla y otro por cada uno de los pagos o pueblos de aquellos curatos, como lo demuestra su asistencia a las sesiones que celebró el ayuntamiento insular o antiguo cabildo en los momentos de vacío de poder tras la invasión napoleónica de la Península Ibérica en 1808. La Junta Suprema de Canarias cursó invitación a la institución majorera para que nombrase uno o dos representantes de la isla, quien finalmente convocó Cabildo General el día 11 de octubre para constituir la Junta de Gobierno de Fuerteventura, subalterna de la Suprema, integrada por ocho miembros. Fue elegido presidente Antonio Alonso Manrique, vicario y cura párroco de Tetir, y vocales en la Suprema José Negrín Falcón y Miguel Rugama Nieves, clérigo de Casillas del Ángel.
La Junta Subalterna del Gobierno de Fuerteventura convocó nuevamente a Cabildo General para el día 28 de octubre de 1808, donde se iba a estudiar la forma de contribuir a los gastos de la Nación en tiempos de guerra. Citó especialmente a todos y cada uno de los personeros de Pájara, Casillas del Ángel, Agua de Bueyes, Casillas de Morales, Tetir, Lajares, Tefía, Tindaya, Llanos de la Concepción, Valle de Santa Inés, Tesejerague, Tuineje, Tiscamanita, Ampuyenta, Triquivijate, La Matilla, Roque y El Time (Bonnet Reverón).
Aquella toma en consideración de los pareceres de los distintos pueblos propició el que cuando arrancase la Revolución Liberal y Burguesa, con sus legislación sobre disolución de señoríos y creación de ayuntamientos constitucionales a partir de 1812, muchos de ellos, argumentando el solo hecho de tener una ermita, se autoproclamaron municipios. Fueron los casos de Tesejeraque, Triquivijate, El Time y Vega de Río de Palmas, a quienes se dirigió la autoridad gubernativa a través del propio cabildo para que se disolvieran y entregasen cuantos documentos avalasen su constitución (Actas capitulares del antiguo Cabido de Fuerteventura).
Si bien la Constitución de la Monarquía Española de 1812 respaldaba y consideraba municipios a todos aquellos pueblos que a la sazón fuesen sede parroquial: en Fuerteventura lo serían Betancuria, La Oliva, Pájara, Tetir, La Antigua, Tuineje y Casillas del Ángel; muchos de ellos no empezarían a funcionar como tales corporaciones locales sino a partir de 1820, con los nuevos cambios y vuelta al proceso revolucionario del Trienio Liberal. En torno a aquella fecha se datan las primeras actas del ayuntamiento de Tuineje, Pájara o Tetir (Galván Rodríguez).
Aún en 1834 se cuestionaban en Betancuria las funciones que pasaría a tener su corporación como un municipio más, resignando la capitalidad a favor de La Antigua. En 1832 reclamaban los antiqueños los archivos del viejo cabildo en un contexto de confusión jurisdiccional y funcional de las nuevas corporaciones. Fuerteventura y Lanzarote formarían a partir de 1833-1834 un solo partido judicial con sede primero en Teguise y después, en Arrecife. Nuestra isla recuperó su Partido Judicial mucho más tarde, en 1913 por las razones que ya insinuamos más arriba.
Y Puerto de Cabras, aquel pago y puerto de la Costa de Tetir, donde el trasiego mercantil en torno a la exportación de barrilla lo habían hecho crecer hasta superar el medio millar de habitantes en 1835 (Cerdeña Armas), vio como los intereses de la burguesía revolucionaria se dieron la mano con los de la aristocracia rural isleña más progresista e interesada en incrementar tierras y beneficios comerciales. Unos y otros anhelantes de una representatividad política independiente que finalmente lograron al constituirse en ayuntamiento segregado del de la Vega de Tetir.
[Continuará en la Parte II: buscando la demarcación de jurisdicciones]
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